LESA HUMANIDAD: Ni olvido, ni perdón | Derechos Humanos

LESA HUMANIDAD: Ni olvido, ni perdón

juiciocastigolesahumanidadLa oferta del 2x1 en el contexto de los juicios federales en Salta

El final del proceso al ex Juez Ricardo Lona está paralizado o dilatado porque su defensa recusó al juez de Tucumán Bejas; los diarios locales mencionaron esta semana lo sucedido al respecto: "Lona está acusado también por no haber investigado el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, y por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de otras personas en la provincia.

También la causa Ragone está ya lista para juicio (en este caso oral y público) pero aún no tiene fecha, precisamente por la dificultad para integrar el Tribunal.

Como siempre en las causas contra el ex juez federal, primero hay que buscar magistrados que no se aparten y luego sobrevienen los planteos de la defensa, que viene recusando casi a todos los participantes de estos procesos.

Hasta una secretaria fue recusada por el ex juez, a quien su conocimiento (de personas y procedimientos) de la Justicia Federal, le vienen valiendo continuar sin llegar a juicio en ninguna de las causas, a pesar de que viene encausado desde principios de 2005" -NDS- No obstante lo expuesto, en el marco del fallo del Alto Tribunal argentino, favoreciendo a las causas por aplicación del 2x1 es sabido que la dilación de estos procesos en contra de genocidas, cómplices de la dictadura y demás criminales, se relaciona con el hecho que puedan acogerse al "beneficio" judicial.

Recordemos que Carlos Martín Amad, y el fiscal Francisco Snopek, letrados; acusaron a Lona en octubre pasado por los delitos de prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes y encubrimiento de los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas, en carácter de autor.

Los fiscales señalaron que "Lona cerró la investigación después de recibir el expediente policial, y que omitió pruebas relevantes, como citar a declarar a la testigo baleada durante los hechos".

"Lona omitió adoptar medidas procesales trascendentes para la pesquisa, controló y seleccionó los procedimientos que debían adoptarse y convalidó irregularidades policiales. Frustró pruebas relevantes para llegar a identificar a los responsables del atentado", fundamentaron los representantes del Ministerio Público.

NADIE DICE NADA

Este contexto procesal, también marca un ritmo político en Salta y ayuda a entender el inmenso silencio del estamento político local, ante la atroz medida de la CSJN, con el 2x1 como una oferta de libertad para criminales autores y partícipes necesarios en delitos que lesionan a la humanidad por lo irreparable de los hechos cometidos, lo irreversible de las consecuencias desatadas y por el profundo daño colectivo que conlleva a los genocidios de esta magnitud. Se niegan en la sociedad pacata y conservadora, a admitir que esto también sucedió entre 1976 y 1982; e incluso que la gobernación "democrática" electa que favoreció al C (R) Roberto Ulloa; sirvió para tapar muchas acciones registradas en el Estado provincial. En esta re significaciones de lo consecuente es preciso decir que el ex gobernante de facto, fue invitado por el actual Gobernador Juan Urtubey, a la inauguración del Museo dedicado al Gral. Güemes -acto macrista que se dio en la ciudad- en donde la derecha colaboracionista, mostró sus vestidos y lujo, de cara a la campaña política de este año. Por mucho que se esfuercen ciertos dirigentes del PJ por excusar a Urtubey sobre lo hecho, es innegable que el mandatario obedece con absoluta voluntad personal al régimen dictatorial instaurado en el país por Mauricio Macri y el empresariado.

RAZONES PARA DEFENDER LOS JUICIOS

Cabe mencionar que hace un mes se realizó en Buenos Aires la Mesa de Discusión Institucional, un espacio convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con el objetivo de analizar la marcha de los procesos judiciales por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado a partir del intercambio con fiscales, querellantes, organizaciones de derechos humanos y representantes del Poder Judicial y de distintas agencias estatales. En la ocasión la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, señaló: ""El proceso de Verdad y Justicia en la Argentina es un modelo reconocido a nivel mundial porque luego de cuarenta años esos crímenes son juzgados por tribunales ordinarios -y no tribunales especiales o internacionales- que son los que juzgan las desapariciones, asesinatos, torturas, robos de bebés y otros crímenes de lesa humanidad", indicó. Y agregó: "Sabemos que ese camino no ha sido fácil. Si no fuera por los sobrevivientes, sus familiares y las organizaciones -quienes con su compromiso y su trabajo lograron que el proceso sea parte de la agenda pública que deba tomar el estado- ese trabajo, no hubiera sido posible. (...) Por eso para nosotros es tan necesario este ámbito de debate, para seguir caminando este profundo compromiso por la investigación no sólo de los hechos cometidos por los responsables directos sino también los responsables políticos, por quienes dieron las órdenes, por quienes garantizaron impunidad, por los que se beneficiaron económicamente"

El fiscal general Jorge Auat hizo referencia a las dificultades y obstáculos que enfrenta actualmente el desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el marco de lo que denominó un "clima de época" adverso al avance del proceso de Verdad y Justicia. En ese contexto, señaló que la actualización estadística que lleva adelante la procuraduría especializada pone en evidencia una merma en la dinámica de los procesos. "Permanentemente enfrentamos estrategias que significan empezar a revertir la historia del proceso de Verdad y Justicia", señaló Auat, y agregó que "lo más grave es cuando esas estrategias de impunidad empiezan a filtrarse en las propias causas".

CRÍMENES COMETIDOS EN SALTA

Recientemente, se realizó el juicio que aborda los crímenes contra 32 víctimas, la mayoría de ellas desaparecidas, de distintas localidades de la provincia. Los fiscales pidieron la pena máxima para Héctor Luis Ríos Ereñú, Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendíaz y Joaquín Guil, y seis años de prisión para Diego Alejandro Varas y Arturo Madrigal.

En esta oportunidad los fiscales generales Francisco Snopek y Carlos Amad solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta que imponga la pena de prisión perpetua a cuatro acusados y de seis años de prisión a otros dos en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra 32 víctimas en las ciudades de Orán, Tartagal, Colonia Santa Rosa, Metán y Salta en el período comprendido entre junio de 1975 y octubre de 1976.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron la pena máxima para el ex jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, Héctor Luis Ríos Ereñú, los ex jefes de la Policía provincial, Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, y el ex director de Seguridad de la Policía salteña, Joaquín Guil. En tanto, requirieron se condene a seis años de prisión al ex jefe del Escuadrón 20 de la Gendarmería Nacional en Orán, Diego Alejandro Varas, y al ex comisario a cargo de la seccional de Embarcación, Arturo Madrigal.

El juicio llegó a la instancia de alegatos a fines de marzo pasado tras 42 audiencias que comenzaron a celebrarse el 5 de octubre de 2015.

Ríos Ereñú: prisión perpetua como autor mediato del homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en once oportunidades; y privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por violencia y amenazas y por el tiempo de duración en un hecho.

PENAS SOLICITADAS Y ARGUMENTOS

- Gentil: prisión perpetua como coautor mediato de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en 19 casos; imposición de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político en tres oportunidades, privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencia en 21 oportunidades, y privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional doblemente agravada por el empleo de violencia y amenazas y por su duración de más de un mes; y como partícipe necesario de imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político en un caso e imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político, en concurso real con violación agravada por el concurso de dos o más personas en otro caso.

- Mendíaz: prisión perpetua como coautor mediato del homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por violencia y amenazas en dos oportunidades.

- Guil: prisión perpetua como coautor de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por violencia y amenazas en siete oportunidades.

- Varas: seis años de prisión como coautor mediato de privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional doblemente agravada por el empleo de violencia y amenazas y por su duración de más de un mes en un caso.

- Madrigal: seis años de prisión como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional agravada por violencia y amenazas en un caso.

LA SOCIEDAD CIVIL Y EL 2X1

La Comisión Directiva de ADIUNSa repudió enérgicamente el fallo resuelto por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia que habilita la aplicación de una norma derogada, reduciendo el tiempo efectivo de cumplimiento de condenas en relación a crímenes de lesa humanidad.

La decisión del máximo tribunal implica considerar a los delitos de lesa humanidad como si se tratara de delitos comunes, prescindiendo de toda consideración sobre el contexto de ruptura del orden constitucional en el que se realizaron, ni sobre el poder que amparó -y evidentemente aún ampara- a los autores de estos crímenes; sin tener en cuenta que la comisión de los delitos se produjo en el marco del Terrorismo de Estado. Tampoco considera que las violaciones a los Derechos Humanos continúan produciéndose hasta ahora: el desaparecido sigue en tal condición y la persona a la que se le quitó la identidad sigue siendo víctima hasta el día de hoy.

El Tribunal apela además a una norma que no estaba vigente ni cuando se cometieron (o comenzaron a cometerse) los delitos ni cuando se inició el proceso judicial correspondiente. Y en ese malabarismo jurídico omite considerar que la demora en producirse una sentencia firme contra represores tuvo que ver con las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final), sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, con un aparato judicial esclerosado, donde muchos integrantes deben su posición a designaciones realizadas durante la dictadura. La capacidad operativa de estos personajes quedó claramente en evidencia con la desaparición del testigo Jorge Julio López en 2006.

Fuente: portales de noticias y diarios argentinos - publicado en El Cronista de Salta

 

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