Entre 1979 y 1980, Montoneros llevó a cabo la llamada Contraofensiva, que consistió en el reagrupamiento de militantes exiliados en diferentes países, que regresaron a la Argentina a encabezar una campaña para resistir a la dictadura cívico-militar y generar apoyo social para que el terrorismo de Estado llegara a su fin. La dictadura desató una feroz represión contra los militantes.

Ira. PARTE.- TESTIMONIOS DE FAMILIARES

Un ex cabo primero contó cómo funcionaba el mecanismo de secuestros, torturas y desapariciones de Campo de Mayo. Se trata de Nelson Ramón González, quien declaró por videoconferencia desde Neuquén. Dio detalles de cómo fueron fusiladas 4 personas, entre ellas Pato Zucker, el hijo del actor Marcos Zucker, y Federico Frías. También aportó datos acerca de los vuelos de la muerte. 
Un ex cabo primero que se incorporó al Ejército en 1975 como voluntario, declaró hoy en la octava audiencia de la causa por la represión a la Contraofensiva de Montoneros. Nelson Ramón González dio detalles de lo que vio y escuchó cuando estuvo destinado en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo, a los 23 años. Su testimonio, si bien esperado, sorprendió por los datos que incorporó a esta causa, mucho más allá de lo que había declarado en instrucción ante el juez Ariel Lijo y en sus apariciones públicas.

Se esperaba esta fecha porque Joaquín Frías, el hijo de Federico Frías, había contado en su testimonio de la cuarta jornada que, después de haber conocido parte del relato de González –quien contó haber visto el fusilamiento de su padre durante un talk show conducido por Mauro Viale en los ‘90- lo buscó y lo entrevistó en Neuquén.
Desde el juzgado de esa provincia, sentado ante un escritorio y con la cámara tomándolo de perfil, González recibió, después de su juramento, la advertencia de que si alguna respuesta podría autoincriminarlo, tenía el derecho a negarse a responder.
González confirmó que tuvo como destino Campo de Mayo para el momento de la Contraofensiva, en los años 1979 y 1980.
En su relato, dio cuenta de que una mañana el Capitán Gervoni le ordenó dirigirse con un caballo hacia la zona del polígono de tiro del predio, y que en el puesto de control lo detuvo el Cabo García, impidiéndole el paso porque “los jefes habían llamado a los segundos jefes y les hicieron apuntar y matar para estar tan sucios como ellos en esta guerra sucia. Ese fue el comentario general”.
Según su testimonio, de los fusilamientos participaron algunos jefes del Ejército, entre los que estaba Cristino Nicolaides, quien luego sería parte de la última junta militar antes de la restauración democrática. El testigo también nombró como participantes de la macabra ceremonia a “Sixto Ibáñez. Al Mayor Surraco (de artillería, oficial de inteligencia). Al sargento primero Taborda, lo había conocido en el Hospital Militar y luego lo volví a ver en Campo de Mayo. Lo vi entrar”.
Cuando le consultaron acerca de qué habían hecho después de los fusilamientos, González dijo: “Con todo respeto por los familiares. Los quemaron ahí con cubiertas. Lo reconoció Taborda, que era el encargado de sección”. En la sala, lo escuchaba Joaquín, el hijo de Federico Frías, una de las 4 personas fusiladas en aquel hecho según relató González.
“Estoy más tranquilo –dijo Joaquín al finalizar la audiencia-, porque para un familiar es muy impresionante que alguien que estuvo adentro cuente todo lo que pasaba, lo que nosotros imaginamos o fuimos reconstruyendo. Fue un testimonio muy contundente. Estoy contento de que se haya podido hacer en el contexto adecuado como es un tribunal oral y con la esperanza de que ayude a que se haga justicia”.

contraofensiva


Durante su relato ante los jueces, González también apuntó que el 95% de los militares que pasaron por Campo de Mayo, lo hicieron también por los centros clandestinos que funcionaron allí, conocidos como La Escuelita y Los Tordos. Precisó que funcionaban “con comisiones rotativas de dos meses, bajo el comando de la patota y de los grupos de inteligencia. Sobre todo del 601”.
El presidente del tribunal, quien condujo la primera parte de las preguntas, lo interrogó acerca de si él pertenecía a la patota. Su respuesta fue que no; sin embargo, algunas fuentes consultadas por El Diario del Juicio aseguran que no sería posible que tuviera tanta información de no haber sido parte de la patota.
Además de dar testimonio durante un programa televisivo de Mauro Viale, para esa misma época González fue entrevistado por Cristina Zucker, hija del recordado actor cómico. Su hermano, Ricardo Marcos Pato Zucker, participó de la Contraofensiva. Cristina reconstruyó parte de la Contraofensiva y en particular de la militancia de Pato en su libro El tren de la victoria.
“Su testimonio es de los más importantes, es la voz de los que estuvieron en el lugar de los hechos. En este caso, de un suboficial que ha dado testimonio tanto periodística como judicial sobre lo que vio, lo que escuchó. El valor que tiene es trascendente. Él se ubica en un lugar no activo en la represión. En su caso no aparece nombrado por ningún sobreviviente ni en ninguna documentación, por lo tanto para nosotros se asimila mucho al testimonio de un conscripto”, opinó el abogado querellante Pablo Llonto al terminar la jornada, en diálogo con El Diario del Juicio.


Los vuelos

En otro pasaje de su testimonio, ante preguntas de la fiscal Gabriela Sosti, González detalló que por ese Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio pasaron “4000 personas y los tiraban al mar. Eran comentarios que se hacían. Dónde paraban, de dónde sacaban los vehículos. Se sabía constantemente en cualquier lugar de Campo de Mayo. Cuando el abogado querellante Pablo Llonto le pidió mayores precisiones acerca de los Vuelos de la muerte, respondió que “había un lugar para esa operación, que era la Compañía de aviación. Era sabido en todo Campo de Mayo. Ahí estaban todos los aviones Fiat y los vuelos de la muerte salían de ahí. En todos lados se comentaba”.
En otro pasaje de su testimonio de más de dos horas, González mencionó la impunidad con la que actuaban los militares. La atribuyó a que “esta gente se creía que iban a ser eternas. No les importaba que se supiera. Los militares siempre se creyeron una clase social especial. Se creen una casta social especial, y no lo son”, aseveró. “Si algo me pasa, quiero que sepan que fueron ellos, porque ellos nunca mueren”, concluyó.


Fuente: (Por Fernando Tebele y Martina Noailles para El Diario del Juicio*) Este diario del juicio por la represión a quienes participaron de la Contraofensiva de Montoneros, es una herramienta de difusión llevada adelante por integrantes de La Retaguardia, medio alternativo, comunitario y popular, junto a comunicadores independientes. Tiene la finalidad de difundir esta instancia de justicia que tanto ha costado conseguir. Agradecemos todo tipo de difusión y reenvío, de modo totalmente libre, citando la fuente. Seguimos diariamente en https://juiciocontraofensiva.blogspot.com
II .- SEGUNDA PARTE : Datos del Proceso Judicial
El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el marco de la Contraofensiva Montonera, que se prolongará hasta 2021, avanza a paso lento en San Martín.

La séptima audiencia en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín estaba demorada. Susana Brardinelli, viuda del sindicalista Armando Croatto –asesinado en Munro, en 1979–, repartía rosas rojas tejidas a los otros familiares de las víctimas. “Es un homenaje y un lazo entre todos los que fuimos detenidos desaparecidos. Nos sirve para diferenciarnos de los familiares de los acusados”, explica Nieves Kanje, quien estuvo cautiva en el centro clandestino “El Vesubio”, en Ciudad Evita.

Los imputados en el juicio denominado “Contraofensiva Montonera” son nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Se los acusa de secuestros, torturas y asesinatos perpetrados en Argentina, Brasil, Perú y España contra un centenar de militantes montoneros que reingresaron al país –o que iban a hacerlo– entre 1979 y 1980. El único que cuenta actualmente con prisión efectiva es Cinto Courteaux. Los otros ocho represores siguen el proceso desde su casa: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo y Alberto Sotomayor.

Los jueces Esteban Rodríguez Eggert, Alejandro De Korvez y Matías Mancini ingresaron a la sala una hora más tarde y con una mala noticia para los familiares de las víctimas. El presidente del cuerpo, Rodríguez Eggert, anunció que el debate oral recién culminará a mediados de 2021, debido a que todavía faltan declarar 336 testigos. A razón de una audiencia semanal –la exasperante frecuencia establecida por el tribunal– es lógico que así sea.

Antes de los testimonios, uno de los abogados defensores, Hernán Silva, solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria a Courteaux, ex jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. La querella, conformada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y el abogado Pablo Llonto, así como la fiscal Gabriela Sosti, argumentaron para que el acusado continúe en prisión preventiva. Sosti subrayó que el motivo principal era que “estuvo prófugo durante el desarrollo de esta causa”. Llonto agregó que “entre las pertenencias de Courteaux se encontraron fotografías de quienes participan en este juicio” Por eso hay una cuestión de riesgo grave con peligro de fuga”, afirmó. El tribunal, al cierre de la audiencia, confirmó que Courteaux seguirá tras las rejas.

A continuación, declararon los dos testigos previstos en la jornada, cuyos relatos hicieron foco en los asesinatos del dirigente de Ligas Agrarias Carlos Píccoli, del abogado y guerrillero Horacio Mendizábal y de Armando Croatto.

Mario Píccoli entró en el recinto con un saco negro, un buzo turquesa por debajo y una pancarta colgada al cuello con el nombre y la foto de su hermano Carlos, asesinado por fuerzas policiales chaqueñas en 1979.

Hace décadas que Mario espera justicia. Es el más pequeño de seis hermanos de una familia descendiente de italianos. Durante su infancia vivió en Colonia Pampa Alegría, a 13 kilómetros de Sáenz Peña, Chaco. Ante el tribunal, apenas movió las manos y mantuvo la mirada fija.

pablollonto

Rememoró los años 70`s, cuando la complicada economía familiar hizo que su hermano Carlos se fuera a Buenos Aires, donde conoció a militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros, con quienes trabó vínculos de amistad. De regreso en Sáenz Peña, se integró a una cooperativa que formaba parte de las Ligas Agrarias, y pronto se convirtió en un dirigente importante. En 1975 comenzó a ser perseguido por su actividad, por lo que se exilió en España, Francia, México y Cuba.

Aún con Carlos en el extranjero, las fuerzas policiales y militares realizaban reiterados operativos en la chacra de los Píccoli, sometiendo a la familia a un estado de persecución permanente. “El personal del Ejército aterrizaba en helicópteros en el patio de mi casa, era una cosa aterradora”, dijo Mario y añadió: “Mi padre no pudo soportar estas acciones, que se sumaban a los múltiples afiches pegados con la foto de Carlos diciendo que era ‘subversivo’. Se terminó suicidando en 1977”.

El retorno de Carlos Píccoli a la Argentina ocurrió a finales de marzo de 1979 en el marco de la Contraofensiva. “Su idea era reorganizar las Ligas Agrarias que en ese momento estaban diezmadas. La reorganización consistía en entregar volantes a pequeños productores haciendo hincapié en la necesidad de regresar a la vida democrática”, detalló su hermano Mario, quien por entonces tenía 14 años.

Unos 20 días después de su regreso, Carlos Píccoli fue asesinado en un camino vecinal de la Colonia Pampa Alegría cuando se dirigía en bicicleta a la casa a de su madre. Los autores del hecho fueron dos integrantes de la policía provincial en el marco de un operativo que involucró a 500 oficiales. El Equipo de Antropología Forense (EAAF) constató que se trató de muertes por disparos a quemarropa, desechando la versión oficial del “enfrentamiento”.

La siguiente declaración fue la de Mario Álvarez, testigo ocular del operativo en el que asesinaron a Armando Croatto y Horacio Mendizábal, miembros de las Tropas Especiales de Agitación (TEA) de Montoneros. Las impolutas paredes y las cortinas grises de la sala de audiencias contrastaban con el rojo del marco de sus anteojos.

El 17 de septiembre de 1979, Álvarez estaba trabajando de mozo en el local “La Barra” en la Ciudad Comercial “Canguro” de Munro. Allí presenció a efectivos del Ejército llevarse con vida a un cliente que tomaba un café. Era Armando Croatto, quien luego fue ejecutado por sus secuestradores. “Inmediatamente se escuchó una detonación fuerte desde afuera, como una granada. Era atribuido a otra persona que intentaba ingresar al local y le dieron la orden de detención. Y se escucharon tiros. Después vimos los charcos de sangre a unos veinte metros del local”, relató el testigo dando a entender que la sangre pertenecía a Horacio Mendizábal. Al terminar la declaración, jueces y querella pidieron a Álvarez un croquis de la Ciudad Comercial “Canguro” para reconstruir espacialmente la escena de los hechos.

La séptima audiencia fue una pequeña muestra del largo camino que se avecina. Todavía restan cientos de testigos: los portadores de las flores rojas deberán seguir esperando para que se haga justicia.

El juicio se desarrolla todos los martes a las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Mayores de 18 años pueden ingresar con DNI.

(Foto juicio: Julieta Colomer / ANCCOM)

IIIra PARTE:  LOS PROCESADOS

imputado

Roberto Dambrossi, pesan los cargos de 88 casos de privaciones ilegítimas de la libertad, doblemente agravadas por haber sido cometida con abusos funcionales, con violencia y amenazas reiteradas, 79 de ellos agravados por haber transcurrido más de un mes y en posición de tormentos; nueve allanamientos ilegales y 82 homicidios agravados por la alevosía y por haber sido realizado entre dos o más personas.

Raúl Guillermo Pascual Muñoz, deberá responder por 47 privaciones ilegítimas de la libertad, doblemente agravadas por haber sido cometida con abusos funcionales, con violencia y amenazas reiteradas, 44 de ellas agravadas por haber transcurrido más de un mes y en posición de tormentos. Dos allanamientos ilegales, tres abusos deshonestos y 43 homicidios agravados por la alevosía y por haber sido realizado entre dos o más personas.

Carlos Blas Casuccio, responderá al mismo tribunal por 67 privaciones ilegítimas de la libertad, con los mismos agravantes que los anteriores, todos agravados por el tiempo transcurrido, 7 allanamientos ilegales y 64 homicidios.

Jorge Eligio Bano, deberá dar explicaciones por 87 hechos de privaciones ilegítimas de la libertad, con los mismos agravantes que los anteriores, nueve allanamientos, tres abusos deshonestos y 81 homicidios agravados.

imputados


Eduardo Ascheri, carga con la imputación de 33 privaciones ilegítimas de la libertad, agravados igual que los anteriores, en 27 casos doblemente agravado, seis allanamientos y 29 homicidios.

Luis Ángel Firpo, pesa con la responsabilidad de 43 detenciones ilegítimas de la libertad, tambien agravada por ser cometida con abuso funcional, con violencia y amenazas reiteradas, 37 de ellas agravadas doblemente, al igual que los otros imputados, por haber transcurrido más de un mes y en posición de tormentos. Además, la imputación por siete allanamientos y 40 homicidios.

Marcelo Cinto Courteaux, es imputado en 88 hechos, con el mismo agravante que los anteriores para los 88 casos. Además, deberá dar explicaciones por nueve allanamientos, tres abusos deshonestos y 82 homicidios.

 Alberto Daniel Sotomayor, será juzgado por 43 privaciones ilegítimas de la libertad, 37 de ellas agravadas, 7 allanamientos y 40 homicidios agravados.. 

Fotos: IIIra. Parte: GUILLERMO MOLFINO - Fuente:Sanmiguelino.com

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