ALBERTO FERNÁNDEZ en "Habrá Consecuencias" con ROBERTO NAVARRO.

 

"Los fallos judiciales son actos de Gobierno. Y todos tenemos que rendir cuentas, incluso los jueces. Clarín lo convirtió en que estoy amenazando a los jueces. Lo que está haciendo la Corte es ordenar juicios que están llenos de irregularidades. Lo que hace la Corte es garantizar el derecho de defensa"
“El problema es que los 3 principales testimonios son los de Elaskar, que ya dijo que mintió, Fariña, que coachearon para mentir, y Lanata".
"A Lorenzetti hace un año y medio que no lo veo. A Rosatti la última vez que lo vi es cuando me trajo su renuncia a Ministro de Justicia. 

Con Maqueda y Highton tengo una relación personal y los veo públicamente. No tengo nada que ocultar. El que tiene que ocultar es Pepín Rodriguez Simon (operador judicial de Mauricio Macri)”

“Clarín dice que yo amenacé a los jueces. María Odonnell me dice que a la Justicia hay que tirarla toda a la basura. Y yo dije que hay que ver que hizo cada uno".

"Esta es una discusión ridícula. No es si se puede seguir el juicio o no por el expediente. El problema es que es condición para que el juicio se inicie que no haya ningún recurso pendiente".

“Le dije a un periodista de Clarín que había escrito un disparate. Me dijo que es culpa mía por estar cerca de Cristina Fernandez de Kirchner”

"Esta Corte la armaron en su mayoría ellos. A Rosenkrantz y Rosatti los trajeron ellos. Y Highton de Nolasco sigue ahí porque arregló con ellos. ¿Como hablan de una Corte peronista?"

“Nos pareció bien lo que decidió la Corte, porque estamos en búsqueda de Justicia" concluyó Alberto Fernández.

Enojados con Alberto, jueces, magistrados y funcionarios

Por su parte el sitio Politicos.com relató lo sucedido entre Fernández, Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional: "Con un duro comunicado, la AMFJN cuestionó las declaraciones del ex jefe de Gabinete y actual armador político de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, quien advirtió que, en el futuro, jueces y camaristas iban a «tener que dar explicaciones» de sus fallos.

«En tono descalificante y en forma amenazante aseguró que próximamente varios magistrados federales de diferentes instancias serían puestos en la obligación de explicar sus resoluciones jurisdiccionales», señala el comunicado.
La entidad señala que «ese tipo de expresiones, a más resultar impropias dentro de un Estado de Derecho y de pretender permear en el funcionamiento de la justicia consideraciones propias de las relaciones de fuerza de la política partidaria -en evidentes instancias pre electorales-, cuentan con al agravante de haber sido proferidas por un abogado ex funcionario de altísimo rango que se ha desempeñado como titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros».
«Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno», dijo Alberto Fernández en una entrevista.
Antes, había contado que está escribiendo un libro «para exponer» a los magistrados. «Espero alguna vez poder terminar y publicar el libro de lo que los jueces hicieron este año. Es escandaloso lo que hicieron», agregó.
En el texto, los magistrados y funcionarios de la Justicia también apuntaron contra el actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien había cuestionado a los jueces de la Corte Suprema por su actuación en relación con el juicio contra Cristina Kirchner.
«Consideraciones de similar factura le caben a las declaraciones del actual Jefe de Gabinete de Ministros. Así, mas allá de que su forma resultó más cuidada, sus apreciaciones publicas se proyectan sobre funciones propias de un Poder del Estado, cuya independencia es de la esencia constitucional de la República», señala el texto.
Y agrega que «poca posibilidad real tuvo de conocer la labor realizada en la Corte Suprema de Justicia, dado que se trata de cuestiones procesales, de trámite del expediente, y no una sentencia o resolución similar»"

La Causa Vialidad

Por su parte, el periodista Matías Werner, al respecto de la Corte y la Causa Vialidad, publicó: "Tras una decisión que produjo fuerte impacto político cuando el martes se dio a conocer el pedido por parte del Máximo Tribunal de Justicia de todo el expediente de la causa conocida como “Vialidad Nacional”, a menos de una semana del juicio oral, y que en el ambiente se leyó como una señal para que el debate se suspenda, este jueves se publicó un comunicado en el que se aclara que el 21 de mayo el Tribunal Oral Federal nº2 dará inicio a las audiencias.

El pasado martes el Centro de Información Judicial publicó una resolución suscripta en el marco de la causa 5048/2016 - en la que se investiga el supuesto direccionamiento de obra pública en beneficio de empresarios allegados al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en el que la ex mandataria fue imputada como cabeza de una presunta asociación ilícita- donde se solicita de manera “urgente” los autos principales al Tribunal Oral Federal que se disponía a poner en marcha el debate.
El artículo 285 del Código Procesal Civil, que regula la tramitación de la queja por recurso extraordinario denegado, y que es claro al expresar que “mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso”.
La causa llegó a la Corte luego de que se presente una queja por denegación del recurso extraordinario deducido por la ex presidente, que impugnaba la falta de producción de pruebas durante la instrucción, especialmente una serie de pericias que determinen si hubo realmente irregularidades en la adjudicación de las obras.
Sin “abrir” la queja, la Corte solicitó la remisión del expediente. Según informaron diferentes medios, los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti instruyeron a la secretaría penal del Alto Tribunal a que requiera el expediente completo. Carlos Rosenktrantz no firmó.
Ante la cercanía de la fecha del juicio oral, dentro del gobierno nacional la medida se leyó como un aplazamiento del inicio del debate, así lo expresaron distintos funcionarios en las redes sociales. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, hizo público su desencanto por la decisión por medio de su cuenta de Twitter. Con menos énfasis se pronunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien se refirió más al “mensaje” que se daba antes que a las cuestiones “técnicas”.
En el medio, se dio el debate técnico-jurídico. De un lado, especialistas que rechazaban de plano la suspensión del juicio. Invocaban para ello la letra del artículo 285 del Código Procesal Civil, que regula la tramitación de la queja por recurso extraordinario denegado, y que es claro al expresar que “mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso”.
Del otro lado, invocaban la imposibilidad fáctica de que se ponga en marcha el juicio si el propio Tribunal Oral no tenía el expediente a mano. Además, es prácticamente imposible que en pocos días se llegue a analizar un expediente de más de 60 cuerpos.
"El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido".
En medio de la discusión, el fiscal Diego Luciani solicitó que el juicio se lleve adelante en tiempo y forma: le dijo al TOF que le ida a la Corte la devolución del expediente “con antelación suficiente, apelando al argumento de que la interposición de la queja "carece de efecto suspensivo” y que las actuaciones “han sido en su totalidad digitalizadas para agilizar la tarea de todos los operadores judiciales y de las partes".

Marcha atrás en la decisión de la Corte

Todo parecía que iba camino a suspenderse, pero este jueves por la mañana todo cambió. Comenzaron a correr versiones de una marcha “atrás”. El miércoles, los magistrados del TOF estaban convencidos de que el juicio no empezaba, pero el jueves el presidente del Tribunal, Jorge Gorini, dialogó en Radio La Red con el periodista Luis Novaresio, y declaró que el juicio no se había suspendido.
Ese rumor se plasmó en la realidad poco después de las 11 de la mañana, cuando el Centro de Información Judicial publicó un comunicado con 10 puntos, en el que se despejaban dudas: el pedido no suspendía el cronograma del juicio.
Además de ello, desde el Máximo Tribunal explicaron que había un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco de la causa principal, todos ellos en trámite, y que “el paso jurídicamente correcto fue solicitar los incidentes de la Cámara Federal de Casación Penal al Tribunal Oral Federal interviniente, que fueron recibidos por el Tribunal en fecha 17 de abril de 2019”. Pero como con esos incidentes no se podían resolver adecuadamente los planteos, se consideró pertinente pedir el principal.
En el comunicado, la Corte negó la existencia de una resolución que haya solicitado los autos, aclarando que el pedido “no tiene firma alguna de los ministros ni disidencias, y se concreta con la sola firma del secretario, tal como es de estilo y como fuera oportunamente publicado”.
Finalmente, se dejó expresamente sentado que “el pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al sólo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno”.
Al cerrar el comunicado, desde Talcahuano 550 se abrieron otros interrogantes, señalando que se buscaba garantizar la celeridad de los juicios y la defensa de loso imputados, y así “se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad”.

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