Hay dos formas de combatir, con la fuerza y con las leyes”, afirmaba Maquiavelo hace 500 años (filósofo, funcionario y diplomático italiano).

La utilización política de la ley a través de los tribunales nacionales viene cumpliendo un rol cada vez más intenso para dirimir un modelo u otro de organización política, social y económica. La ley se ha transformado en un instrumento de guerra jurídica, conocido en su terminología internacional como Lawfare. El mayor general de los EE. UU. Charles Dunlap en un discurso pronunciado en el 2001 en la Universidad de Harvard lo definía como el uso de la ley en sustitución de los medios militares para tomar un objetivo operativo.

Afirmaba que si se permitía que el derecho internacional se convierta en una regla vinculante podría resultar una de las armas más potentes jamás desplegadas. Ello por la preocupación que ocasionaba a los militares de los EE. UU. los bombardeos sobre la población civil en Afganistán y su impacto mediático y legal.

Así EE. UU. se retiró de inmediato de la Corte Penal Internacional en tanto consideraba que sus militares podían ser juzgados por delitos de lesa humanidad. El Lawfare que en principio colocaba a la defensiva a los EE. UU. en poco tiempo se transformó en un instrumento más sofisticado.

En el 2010 el profesor de la Universidad de Derecho de Arizona, abogado del Departamento de Defensa, Orde F. Kittrie, explicó el cambio de tendencia ofensiva del accionar de su país. Se trataba ahora de influir en los sistemas judiciales nacionales para producir cambios donde la intervención militar no lo permitía. El autor publicó recientemente el libro “Guerra jurídica: la ley como un arma de guerra”, donde explica los sucesivos pasos para su aplicación y casos de los últimos años (por ejemplo, sanciones a empresas y personas que mantenían relaciones económicas con países hostiles a los intereses de los EE. UU.). Paradigmático resulta el comentario acerca de la influencia sobre un juez federal argentino –actualmente en actividad– para imputar y pedir la captura del ex ministro de Defensa de Irán en relación al atentado a la AMIA.

En la edición de mayo-junio 2017 de la revista digital “Military Review” (vocera de las fuerzas armadas de EE. UU.), el mencionado general Charles Dunlap afirma que la guerra jurídica funciona como un medio que obliga a ciertos comportamientos de la población civil con mejores resultados en algunos casos que la guerra tradicional.

El abogado Gregory Noone, director del Programa de Inteligencia Nacional de la Universidad Estatal de Fairmont de los EE. UU. (autor del libro “Lawfare: estrategias de comunicación”), afirma que es central en esta guerra contar con medios de comunicación influyentes para lograr el objetivo. La comunicación es un proceso enfocado en comprender y captar audiencias claves para crear y preservar condiciones favorables para avanzar en los intereses y objetivos nacionales mediante el uso de información coordinada, temas, planes y acciones sincronizados y operaciones de información, principalmente psicológicas, diplomáticas y visuales.

La destrucción del enemigo –en término de intereses económicos– a través de imputaciones legales falsas o abultadas ha sido abordada incluso en seminarios internos de empresas multinacionales a la hora de definir pautas publicitarias en los países donde operan.

En nuestro continente los EE. UU. han sido y son formadores de diversos sistemas judiciales nacionales y con ello de sus operadores –jueces principalmente– donde se canaliza la ideología que representa sus intereses nacionales en el diseño de la judicialidad. Los casos de los expresidentes Lula, de Brasil, y Correa, de Ecuador, son típicos ejemplos de Lawfare, cuyo objetivo es destruir figuras políticas a través de los medios y la Justicia, violentando garantías constitucionales a través de procesos de una endeblez legal notoria. En la Argentina hemos visto “circos judiciales” recurrentes con excavadoras buscando dinero en la Patagonia argentina como si se tratara de un “reality show”. Sin embargo, se ha omitido mostrar en los grandes medios la escandalosa audiencia ante una jueza federal donde se contesta a un fiscal italiano que llega a nuestro país a tomar indagatoria al presidente de la principal empresa siderúrgica nacional por el pago de sobornos en Italia: “El sistema argentino no funciona así” (“Perfil”, 26/11/17). Ese fiscal italiano no pudo tomar la audiencia y el proceso aun en trámite no es tratado en los medios de comunicación dominantes, solamente por la potencia económica de los involucrados. El caso de la megaconstructora brasileña Odebrecht que involucra causas judiciales por sobornos a diversos funcionarios de América Latina, de insospechadas derivaciones en nuestro país, representa una puja de intereses económicos y geopolíticos en tanto la misma se había transformado en una empresa global, que había ingresado a realizar obras y comprar empresas en los EE. UU.

El recientemente designado embajador de los EE. UU. en nuestro país –exjuez– ha dicho que llegaba para “ayudar a la rama judicial y sus instituciones”.

DARÍO TROPEANO: *Abogado y docente de la Facultad de Economía de la UNC


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